Autor: Dr. Juan Carlos Gimenez.
Docente titular de la Cátedra de Atención Primaria de la Salud. Facultad de Medicina. Fundación Barceló. Ex Jefe de División de Medicina Preventiva. Hospital I.Pirovano
El cambio en la estructura socioeconómica de la Argentina en las últimas décadas ha conducido a una brutal redistribución de los ingresos de los sectores pobres a los ricos y a un fuerte proceso de concentración de la riqueza. Hasta sectores que por cultura e ingreso pertenecían a las clases medias, hoy se encuentran por debajo de la línea de pobreza padeciendo no sólo un empobrecimiento en términos materiales sino que también se han empobrecido en términos psicosociales, a través de la erosión de la condición de ciudadanía y su autoestima. La vida cotidiana de estos grupos está atravesada por la idea de evitar la amenaza más temida: la movilidad social descendente, como proceso que pone fin a la construcción ideal del futuro en la que fueron socializados. En estos segmentos la crisis empobrece, margina y atomiza.
El ajuste forzado que produce una economía globalizada, somete a amplios sectores de la población a una intemperie social, donde a medida que ésta avanza como potencialidad integradora mundial, muchos segmentos la sociedad se sienten cada vez más parcial o totalmente excluidos. Los últimos estudios revelan que en Latinoamérica, la pobreza y la exclusión crecen y se concentran especialmente en las periferias de las grandes ciudades, emergiendo como grupos urbano-marginales, donde se destacan los indigentes que habitan en la calle y tratan de alimentarse en comedores comunitarios. Un fenómeno historicamente residual y que conforma la pobreza estructural en muchos países de la región.
Entre los grupos sociales más afectados por la exclusión se hallan las mujeres, con una creciente tendencia hacia la feminización de la pobreza. Se observa un crecimiento de las tasas de pobreza en hogares encabezados por mujeres jóvenes, especialmente aquellas con cargas familiares, víctimas del quiebre de la familia nuclear.
La situación de carencia y deterioro no sólo compromete el presente, con el debilitamiento de la trama social sino que involucran a las generaciones futuras, en la perspectiva de la transferencia intergeneracional de la pobreza. Es casi un “círculo perverso” donde se reproduce las condiciones de marginalidad. Cuando se apela al concepto de carencia para describir una situación de pobreza también se está haciendo referencia al deterioro de los vínculos relacionales que se traduce en un alejamiento de la vida pública donde la presencia política o su influencia social se mantienen en el plano de lo formal antes que en el real.
Cuando la exclusión se “normaliza”, se naturaliza. Desaparece como “problema” para volverse sólo un “dato”. Un dato que, en su trivialidad, nos acostumbra a su presencia, que además nos produce una indignación tan efímera como lo es el recuerdo de la estadística que informa el porcentaje de individuos que viven por debajo de la “línea de pobreza”.
Las políticas sociales en los países vulnerables deben dirigirse hacia la capacitación, la participación e implicación de la persona y/o grupo que facilite su integración socio-laboral, y donde todos los recursos, públicos y privados, converjan en acciones. Toda acción debe eludir el paternalismo, la supeditación básica a lo económico, el carácter paliativo y asistencial.
Se debe intentar trascender el clientelismo partidista y el manejo sectario del gasto social. En este país, al igual que en otras naciones donde los partidos políticos, gremios, agrupaciones piqueteras u otros grupos poseen gran capacidad de presión sobre la administración del Estado, el gasto social sirve para atender los reclamos de cada sector. No obstante, el gobierno trata de trascender, en buena medida el viejo y arraigado estilo prebendario, instrumentando los programas sociales con criterios estadísticos objetivos, posibilitando que su adjudicación se concrete con honestidad y transparencia.
Se puede establecer, por lo tanto, que uno de los aspectos fundamentales que un gobierno debe resolver, es el que se relaciona con la orientación del gasto social, y con el lugar que las transferencias compensatorias deben ocupar dentro del presupuesto del sector público: si un gobierno no entiende que las medidas compensatorias deben aplicarse de forma masiva sólo durante períodos de ajustes y, por tanto, que son coyunturales; si toma la decisión de que el gasto del área social se dirija fundamentalmente a otorgar de forma permanente subsidios directos mediante la entrega de becas, bonos, ropa, o cualesquiera otras modalidades, entonces su acción, en vez de darle primacía al combate del origen de la pobreza, estará privilegiando la aplicación de planes que actúan sobre la superficie del fenómeno, que sólo la maquillan o atenúan, pero que no la erradican.
No debe desconocerse la utilidad y, en muchos casos, inevitable necesidad de aplicar programas compensatorios masivos, como, por ejemplo, en períodos de ajuste estructural de la economía. Sin embargo, una estrategia de desarrollo social no puede basarse en el diseño y aplicación de esa clase de proyectos. A los programas compensatorios les corresponde actuar como auxiliares, como apoyos, dentro de una política estratégica orientada a superar la pobreza, lograr un reparto equitativo del ingreso y elevar el bienestar colectivo. Pero, nunca deben convertirse en el eje y motor de la estrategia de desarrollo social.
Como ocurrió en otros países latinoamericanos y del sudeste asiático, la Argentina ha acompañado las medidas de ajuste económico con un amplio conjunto de planes sociales, cuya meta era de actuar como amortiguadores del impacto que se esperaba por el ajuste sobre los sectores populares. El objetivo de esa estrategia consistió en transferir dinero, especies y servicios a los hogares pobres, con el fin de fortalecer el ingreso familiar y evitar depreciación de la calidad de vida de esos grupos.
En nuestro país, como en la mayoría de otros perjudicados por la globalización, tanto la política compensatoria como los programas que la acompañan cumplen una función muy importante: servir para aligerar el impacto del ajuste estructural sobre los sectores más pobres de la población. El célebre aforismo chino según el cual “al hombre no hay que darle el pez, sino enseñarle a pescar”, cobra nueva vigencia, aunque tiene escasa aplicación en la actualidad. Es tiempo que los argentinos tengamos nuestro propio aforismo: “mejor que dar de comer a los pobres es darles trabajo”..
Habitualmente los cambios de los ciclos económicos servían para hacer emerger a los pobres “coyunturales”. Hoy, el camino de los nuevos pobres por la cornisa se prolonga y puede llevarlos a ser sujetos de las mismas políticas asistenciales de los “pobres estructurales”.
No debe desconocerse la utilidad y, en muchos casos, inevitable necesidad de aplicar programas compensatorios masivos, como, por ejemplo, en períodos de ajuste estructural de la economía. A los programas compensatorios les corresponde actuar como auxiliares, como apoyos, dentro de una política estratégica orientada a superar la pobreza, lograr un reparto equitativo del ingreso y elevar el bienestar colectivo. Pero, nunca deben convertirse en el eje y motor de la estrategia de desarrollo social.
El “asistencialismo” es admitido como una subversión del proceso de desarrollo, creando y consolidando situaciones de dependencia, clientelismo y consumo permanente de “servicios” que van en contra de la autonomía personal y colectiva. Como tal, el asistencialismo fomenta una situación de antidesarrollo y de dominio populista.
Uno de los métodos mas comunes lo constituyen las transferencias directas, donde frecuentemente se localiza la debilidad central de la política social puesta en práctica por el Estado de turno; ya que se les confiere una relevancia desmedida a programas que no combaten las raíces de la pobreza, mientras que otros que podrían ayudarla a superar de forma definitiva, como la educación preescolar o el fortalecimiento de la red primaria en salud, carecen del respaldo suficiente. Al privilegiar en exceso a la política compensatoria, no se entiende que los subsidios directos reportan un beneficio importante, pero transitorio, tanto para el Gobierno como para la población que los recibe.
Las transferencias directas, cuando no se les dosifica o cuando se les sobredimensiona, causan efectos perversos que resulta difícil corregir. Una de esas consecuencias consiste en que tiende a recrear el fenómeno que supuestamente pretende combatir. Es decir, propende a reproducir el número de pobres, pues, debido a que los recursos se dirigen a apuntalar el ingreso monetario de los grupos más débiles, y no a capacitar para el trabajo, los sectores pobres no se entrenan para ejercer un oficio especializado, sino que se convierten en receptores pasivos de la ayuda que les da el Estado. Los pobres no reciben apoyo para salir de su condición. Sólo perciben un auxilio que, en el mejor de los casos, les permite sobrevivir y perpetuar su indigencia.
Por otra parte, estimulan la dependencia del individuo y los grupos con respecto del Estado. Todos se transforman en recipientarios de las transferencias que les hace el Gobierno, Uno de los efectos más nocivos del modo como se reparte durante largo tiempo, es esta subordinación individual y colectiva al Estado paternal. Los pobres pueden caer en el error en esperar pasivamente que el Estado resuelva sus problemas, sin que exista un compromiso activo de la comunidad excluída para buscar las soluciones adecuadas a la miseria que padecen. Este modelo termina no propiciando la participación ciudadana, ni la solidaridad de la sociedad. En virtud de la irresponsabilidad que el paternalismo fomenta, la pobreza pareciera ser un problema frente al cual los sectores que la sufren y los demás grupos sociales, no tienen ningún compromiso. El paternalismo estatal, como una forma recurrente de la historia reciente, puede llevar al populismo y al clientelismo político, de modo que forman círculos viciosos en los que esas perversiones se refuerzan mutuamente.
Hoy, en medio de la intemperie social que viven muchos argentinos desocupados, se legitima el derecho al trabajo, único medio posible para que el pobre recupere la dignidad perdida.
Nadie discute que el desarrollo significa la capacidad adquirida de salir del estado de emergencia y prescindir de la asistencia.
Sólo con desarrollo económico y una justa distribución, se puede lograr una verdadera política social de empleo y trabajo, a través de la cual “MEJORARA EL PORVENIR DE LOS POBRES”. SI SE CONTINÚA SÓLO CON EL ASISTENCIALISMO AUMENTARAN “LOS POBRES POR VENIR”.